FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL
NOMBRE:
ü JULIO D. MOTOCHE G.
ü ISRAEL QUEVEDO
ü GABIELA FERNANDEZ
MATERIA: ANALISIS DE COTUNTURA
DOCENTE: LEONEL SOTO ALEMAN
CICLO: CUARTO
CASO JORGE HUGO REYES TORRES
La Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió sentencia absolutoria a favor de Jorge Hugo Reyes Torres, quien había sido sentenciado a 25 años de prisión por reincidencia en narcotráfico; condena que cumplía en el ex penal García Moreno.Los jueces Luis Abarca Galeas, Máximo Ortega Ordóñez y el conjuez Erwin René Salazar, ordenaron el retiro de las medidas cautelares y la inmediata liberación del procesado.Según el dictamen, se revocó la sentencia de 25 años de prisión por la aplicación "falsa del art. 84 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas". El artículo señala: "Quien organice, gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos previstos por esta ley como delitos será sancionado con la pena de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y multa de 60 a 8 000 salarios mínimos…".Sin embargo, en el proceso se hace referencia a las llamadas telefónicas realizadas entre Reyes y varios imputados por tráfico de droga, lo cual, a criterio de los jueces, no determina el cometimiento del delito.
El 12 de junio de 2009
· "Luego de 17 años de injusta detención he sido absuelto por jueces correctos y al fin podré volver a cuidar de mi madre que está enferma de Parkinson", dijo Reyes Torres.
Los bienes del operativo Reyes magos deberán ser devueltos:
La Segunda Sala ordenó detallar los bienes que le fueron decomisados. En octubre de 2008, ese mismo tribunal revocó la retención de dichas propiedades, entre los que se incluían 40 casas y haciendas, 45 vehículos, cuatro avionetas y cinco edificios.Reyes Torres estuvo en prisión desde 1992 hasta 2000, por liderar la banda de "Los Reyes Magos". En noviembre de 2001, fue nuevamente detenido, acusado de traficar 75 kilos de cocaína.
Una de las propiedades que deben entregarse. En el juicio la hacienda El Prado, ubicada en Cayambe, no estaba a nombre de Jorge Reyes Torres.
De nada sirvieron los pedidos de la Fiscalía y de la Procuraduría, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Quito ordenó, el viernes pasado, la devolución de los bienes del caso antidrogas más famoso del país, llamado Reyes magos.En la providencia de los magistrados Alfredo Albuja, Pablo Ortiz (conjuez) y Tito Yépez (conjuez) se determina que se elimine la aprehensión, retención e incautación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Transportes Aéreos Oriental, representado por el capitán Gonzalo Ruales, de Dayra Levoyer, Víctor Reyes Cueva, Gloria Torres, Simón López, María Becerra, Luis Hidalgo, Alicia Reyes Torres y Diego Viteri.Ellos fueron investigados en el juicio por narcotráfico que se inició en contra de Jorge Hugo Reyes Torres. El proceso se inició en junio de 1992, cuando fue neutralizada la organización liderada por Reyes Torres, que fue catalogado por la Policía como el golpe más duro al narcotráfico. Reyes Torres fue condenado a 14 años de reclusión, pero recuperó su libertad en el 2001. Un año después fue nuevamente detenido por la Policía, acusado otra vez de tráfico de drogas. Desde entonces, permanece en el pabellón de máxima seguridad del penal García Moreno de Quito, cumpliendo una condena de 25 años de reclusión mayor.
Sin embargo, el 25 de noviembre del 2002, el ex presidente de la Corte Superior de Quito, Fabián Jaramillo, ordenó el sobreseimiento de Gonzalo Ruales, Dayra Levoyer, Víctor Reyes Cueva, Gloria Torres, Simón López, María Becerra, Luis Hidalgo, Alicia Reyes Torres y Diego Viteri. Además, dispuso la devolución de sus todos sus bienes. En el proceso judicial solo tres propiedades constaban a nombre de Jorge Hugo Reyes Torres; el resto, 30 casas y haciendas, 45 vehículos, avionetas y otras propiedades estaban a nombre de los absueltos. Ahora, la mayoría de ellas está en manos de instituciones públicas. La resolución de Jaramillo fue apelada y pasó a la Segunda Sala Penal de la Corte de Quito. Dentro del expediente, la Fiscalía de Pichincha pidió que no se reintegren las propiedades porque -según la institución- fueron fruto de las actividades ilícitas de Reyes. Además, porque existió el antecedente de la condena ejecutoriada contra él. Ese escrito fue presentado hace unos 45 días. Asimismo, la Procuraduría aseguró que la providencia de Jaramillo no tiene que ser un aval para la devolución de los bienes.No obstante, los ministros jueces de la Sala explicaron que su resolución se base en el fallo que determinó la absolución de los implicados. “La cesación de las medidas de aprehensión, retención e incautación de los bienes deviene de los sobreseimientos definitivos y respecto a los bienes que no estuvieron involucrados en el delito”.La resolución es de última instancia; es decir, no subirá a la Corte Suprema de Justicia. A pesar de esto, el Ministerio Público intentará frenar el fallo de la Sala.
El fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, informó que el Ministerio presentó un escrito para evitar que la providencia se ejecutorie.
El fallo afecta a 25 entidades Veinticinco instituciones recibieron los bienes decomisados en el operativo de 1992. En la lista están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, el Consejo Nacional de Discapacidades. También recibieron los bienes confiscados organizaciones fuera del Gobierno como los hospitales: psiquiátrico Lorenzo Ponce de Guayaquil y Julio Endara de Quito. También la Escuela Politécnica del Ejército. Por ejemplo, la Policía tendrá que devolver el terreno de 1 600 metros cuadrados donde hoy funciona Aeropolicial, ubicado en el aeropuerto de Quito. -El bien era propiedad de Transportes Aéreos Oriental, representado por Gonzalo Ruales. -Entre las propiedades más grandes se encuentran ocho fincas ubicadas en Santo Domingo de los Colorados y en Quito. Además están las haciendas Las Delicias (en Esmeraldas), El Prado (Cayambe), San Carlos, San Pancracio, San Pepe y El Garzal (Quevedo), San Antonio (Santo Domingo) y San José (Guayllabamba). -Asimismo, se incluyen la Fábrica Termadera, ubicada en Quito, una casa en Esmeraldas y dos villas en la ciudad de Guayaquil.
¿DEPURACION DE LA JUDICATURA?
"Señores jueces, señores del Consejo Nacional de la Judicatura, es hora de depurar la Judicatura, me siento indignado por esta actuación", manifestó Pesántez, quien recordó que los jueces intentaban devolver los bienes, que serían mas de 30 inmuebles, y varios millones de dólares, en poder de sus testaferros.La Fiscalía analiza pedir ampliación y aclaración a la resolución y quiere llevar el caso a la Corte Constitucional. Recordó que la Ley de Estupefacientes sanciona a los servidores públicos que propicien la impunidad con penas de entre ocho y 12 años de reclusión.
CONSEP tiene a su cargo 64 bienes de Jorge Hugo Reyes Torres:
El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) tiene a su cargo 64 bienes incautados a Jorge Hugo Reyes Torres, acusado de liderar una red de narcotráfico y que permaneció detenido durante varios años hasta que la semana pasada fue liberado. Domingo Paredes, quien criticó el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que dejó en libertad al imputado. Paredes teme que este caso sea el preludio “de una ola de sentencias favorables al narcotráfico”.
“Queda todo”, respondió Paredes al ser consultado sobre lo que queda de los bienes de Reyes Torres incautados en 1992 y posteriormente. “Podría decirle que los bienes inmuebles, en un 100% de los bienes entregados al Consejo Nacional, haciendas, casas, apartamentos, etcétera, están”, sostuvo.
El CONSEP es responsable institucionalmente de la administración de los bienes incautados, por ley, y tiene la obligación, cuando hay una sentencia ejecutoriada que cumple todos los requisitos (pronunciamiento de la Corte y del Fiscal), de proceder a la devolución de los bienes.
Para el titular del CONSEP, la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la CNJ podría traer otras consecuencias. “Tememos, y hay un temor fundamentado, que este es el preludio, esta sentencia, de una ola de sentencias favorables al narcotráfico”, dijo en radio Quito.
Según Paredes, por lo tanto, hace falta “una transformación radical del sistema judicial”, para lo cual debe haber probidad en los jueces. “La probidad es un requisito para el ejercicio de la justicia. Este acto (a favor de Reyes) es un acto deleznable porque viola preceptos jurídicos ya demostrados, y al violar preceptos jurídicos, no hay confianza en la justicia, tal como estos jueces están actuando”.
